El derecho internacional de los derechos humanos

El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.

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Auxilio nacional e internacional ante el genocidio iniciado contra el pueblo de Cajamarca por parte del Gobierno peruano

2012-07-05

AIDESEP y otras

Ante la imposición por la vía de la fuerza, que hasta el momento ha cobra do la vida de tres hermanos de Cajamarca, perpetrado por el Gobierno de Ollanta Humala, para imponer el mega proyecto Conga  rechazado por el pueblo de Cajamarca, la declaración en “estado de emergencia” y el violento secuestro del ex sacerdote Marco Arana, la persecución de los principales líderes. Las organizaciones indígenas, sociedad civil  y colectivos sociales del Perú abajo firmantes, piden auxilio nacional e internacional de manera URGENTE y decimos lo siguiente:
  1. Rechazamos y condenamos enérgicamente la imposición violenta del mega proyecto Conga y el genocidio desatado contra humildes campesinos y rondas de la región de Cajamarca que en las últimas 24 horas ha cobrado la vida de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez y uno de ellos un joven de apenas 17 años, el cual constituye tres muertos, más de 20 heridos y 15 detenidos. Lo cual constituye una flagrante violación de los derechos humanos.
  1. Exigimos la inmediata libertad del padre Marco Arana quien fue secuestrado, golpeado, vejado, maltratado y conducido violentamente por efectivos de la Policía Nacional mientras el líder social se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, así como la detención de hombres y mujeres inclusive con un niño en la espalda.
  1. Respecto a los sucesos de Celendín del día 3 de julio, rechazamos las imputaciones de personajes y funcionarios del gobierno como Reinaldo Núñez Campos director regional de Salud de Cajamarca, que conjuntamente a varios medios de comunicación pretenden montar una campaña de difamación contra la movilización en defensa del agua y la vida que vienen sosteniendo los hermanos y hermanas cajamarquinos.
  1. Denunciamos que el régimen de Gobierno viene utilizando la figura de “declaratoria del Estado de Emergencia” para legitimar  impunemente la vulneración del Estado de Derecho y segar la vida de las personas en Cajamarca. La suspensión de las garantías constitucionales, sirven  para  justificar detenciones arbitrarias y violentas, el empleo de armamento así mismo se niega el derecho a la legítima defensa legal de las personas.
  1. Por lo tanto exigimos que se respeten los derechos humanos, y se  levante inmediatamente el “estado de emergencia”, que se viene implementando para sitiar a las tres provincias  Celendín, Hualgayoc y Cajamarca que legitima todo abuso de las fuerzas policiales y militarte, por lo que responsabilizamos al Gobierno por las muertes ocasionadas.
  1. El modelo represivo y de criminalización de la protesta social de Ollanta Humala,  ha quitado la vida de 15 hermanos y hermanas, en protestas sociales, mientras los medios de comunicación desde Lima los siguen llamando, así, “muertos” sin nombres y apellidos, y nosotros no nos cansaremos de construir memoria, de recordarlos y de exigir el simple respeto por la dignidad humana.
  1. Planteamos la necesidad de construir un diálogo que incorpore a todos los involucrados en el conflicto, que la empresa minera deje de lado su soberbia y malas prácticas, y que el estado más allá de poner condiciones, trate de escuchar a las diferentes partes y desarrolle capacidad de interlocución directa, sin violencia o represión de por medio.
  1. Nos declaramos enemigos de la violencia, en cualquiera de sus formas, tanto en los enfrentamientos con las fuerzas policiales, como con la imposición de un proyecto minero con “estado de emergencia” y sin consulta a las comunidades. Somos enemigos de la violencia que incitan los medios de comunicación oficiales, que celebran las detenciones, los golpes de la policía, y las lluvias de gases lacrimógenos perpetrados contra indefensos hermanos y hermanas con niños y ancianos.
Alto a la violencia, represión, muerte
No a los estados de emergencia
No al acoso a líderes, legítimos representantes del pueblo
No al uso de armas letales por parte de policías y militares en manifestaciones sociales
No a la criminalización de la protesta
 
Por nuestros caídos
Ni una muerte más
 
Si al agro
Si a la vida
Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana – AIDESEP
Confederación Nacional Agraria – CNA
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería – CONACAMI
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Anadinas y Amazónicas – ONAMIAP
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP
Confederación Campesina del Perú – CCP
PDTG

Problema do Voto Obrigatório e Democracia Eleitoral no Brasil

 

 

Democracia Eleitoral e Participação

Notas por um novo enquadramento do

 Problema do voto obrigatório

 

Por

Jacob J. Lumier([1])

       É tempo de ultrapassar a injustiça da obrigatoriedade do regime de voto, cujas punições pesam indevidamente sobre o eleitor.

►Manifesto aqui, diante da alta relevância da proposição, em seu alcance crítico sobre o legado subordinante na educação brasileira, minha concordância em face da sugestão para agendar, durante esta Cúpula dos Povos na Rio+20, uma sessão sobre Democracia Eleitoral e Participação. É tempo de ultrapassar a injustiça da obrigatoriedade do regime de voto, cujas punições pesam indevidamente sobre o eleitor.

O voto obrigatório é prejudicial porque dá prevalência ao valor cultural da obediência sobre o ideal de aperfeiçoamento da democracia.

Em primeiro lugar, a hegemonia burguesa (acumulação do capital para o capital, ou primado do sistema financeiro sem controle social ([2])) é notadamente um fenômeno cultural. Implica educação em matéria de obediência, é imposta sobre a domesticação das classes subalternas.

O regime do voto obrigatório revela-se um aspecto de hegemonia da classe burguesa, não somente em função do caráter vigilantista sobre as classes subalternas, projetado no desprovido antiabsenteísmo do voto sob ameaça, ou “sob pena de…”, propalado pelos neoliberais, mas, notadamente, em razão da instituição imprópria do valor cultural da obediência, com prevalência sobre o ideal político (aperfeiçoamento da democracia), e isto em detrimento da soberania social exercida nos grandiosos atos coletivos da inesquecível campanha das Diretas Já (1983-1984).

O eleitor brasileiro atual formou-se, e afirmou sua consciência democrática, ao participar na campanha das Diretas já.

Daí, desse imbróglio, decorre a injustiça histórica, posto que, em virtude do objeto enfocado naqueles atos coletivos (integrados em uma corrente global que impulsionou a reconfiguração do mundo político e revitalizou o ideal do aperfeiçoamento coletivo da democracia, para além dos “muros”), a participação nas “Diretas já” aglutinou as diversas classes da sociedade e os variados setores da população não em suas reivindicações particulares, mas, especialmente, unindo-as como sujeitos da democracia eleitoral, sob a condição de eleitores.

Quer dizer, com independência e negando qualquer obediência, o eleitor brasileiro atual formou-se, e afirmou sua consciência democrática com seu posicionamento prévio contrário à obrigatoriedade do voto, demonstrando inegável capacidade política e maturidade cívica.

Em consequência, não há negar, em nossa democracia eleitoral, o caráter abusivo da imposição atual do voto obrigatório, que não passa de um fator restritivo, há muito sem razão de ser, a projetar sua impropriedade sobre a educação nacional.


O regime do voto obrigatório reproduz o sistema cartorial na democracia eleitoral brasileira.

Em segundo lugar, já é tempo de ultrapassar a falsa crença de que a sustentação de um regime democrático incumbe unicamente aos representantes políticos, simples corolário da ideologia dos neoliberais, que, inadvertidamente, reduzem a participação democrática à representação de interesses.

Daí decorre a posição subordinada dos eleitores, a quem, mediante a imposição do voto obrigatório, não é reconhecida função na sustentação de um regime democrático.

Simultaneamente, aplicam o ponto de vista da formação em valores, para situar e compreender o grande número dos eleitores no contexto real das desigualdades sociais, uma vez estabelecida sua ausência de função.

O voto facultativo sem restrições vem a ser pressuposto de toda a ação para levar até o fim a superação do modelo tradicional de educação.

Ou seja, os eleitores devem aprender a votar, devem aprender que o voto é importante para definir a orientação que as políticas públicas deverão adotar, e, para alcançarem o voto facultativo sem restrições, devem ademais demonstrar que são capazes de assumir tal função de orientadores, para a qual se considera necessário certo nível de escolaridade, ainda não alcançado por um grande número de eleitores que, se supõe, dificilmente o alcançarão em um tempo razoável, perpetuando assim o voto obrigatório.

Tornados desta forma eternos aprendizes, e mediante a contínua imposição do voto obrigatório, os eleitores são, então, subordinados à hierarquia dos cartórios eleitorais, perante os quais devem obediência legal.

Por sua vez, a ordem dos cartórios eleitorais adquire caráter educativo, e, por exigirem a obediência a suas disposições, passam os mesmos a valer como se fossem instâncias transmissoras de valores hierárquicos, estabelecendo, nos deveres de comprovação e justificação, as condutas efetivamente reconhecidas na democracia eleitoral brasileira.

►A educação em matéria de obediência, que sustenta a hegemonia burguesa, tem paralelo no modelo da escola tradicional, como instância transmissora de valores hierárquicos, baseada na posição de subordinação dos aprendizes.

Quer dizer, tendo em conta que os valores hierárquicos são regidos pelo princípio de eficácia subordinante dos poderes constituídos, no regime do voto obrigatório, em nível do conjunto dos cartórios eleitorais, se reproduz uma instância transmissora de valores hierárquicos, e aos eleitores, reduzidos ao dever de obediência, corresponde à posição de subordinação.

Desta forma, evidencia a relação de complementaridade entre os dois modelos tradicionais, o da escola e o dos cartórios eleitorais. A mudança do regime para a democracia com o voto facultativo sem restrições vem a ser pressuposto de toda a ação para levar até o fim a superação do modelo tradicional de educação, e vice-versa.

Palavras chave:

Injustiça, educação, eleitor, voto, democracia, participação, crítica da cultura cartorial.

Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2012.

Jacob (J.) Lumier

Membro do Sociologists without Borders Think Tank

***


([1]) Jacob J. Lumier, sociólogo, profesor de educación superior, ensayista y investigador, miembro de Sociologists Without Borders Think Tank (SSF Think Tank).
►El autor ha llevado a cabo desde los años noventa una actividad literaria e intelectual en Internet que promueve la auto-aprendizaje y el aprendizaje a distancia (ODL).

([2]) O movimento pelo controle social do sistema financeiro tem centro na proposta de taxação promovida pela ATTAC- Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens.