El derecho internacional de los derechos humanos

El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.

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Auxilio nacional e internacional ante el genocidio iniciado contra el pueblo de Cajamarca por parte del Gobierno peruano

2012-07-05

AIDESEP y otras

Ante la imposición por la vía de la fuerza, que hasta el momento ha cobra do la vida de tres hermanos de Cajamarca, perpetrado por el Gobierno de Ollanta Humala, para imponer el mega proyecto Conga  rechazado por el pueblo de Cajamarca, la declaración en “estado de emergencia” y el violento secuestro del ex sacerdote Marco Arana, la persecución de los principales líderes. Las organizaciones indígenas, sociedad civil  y colectivos sociales del Perú abajo firmantes, piden auxilio nacional e internacional de manera URGENTE y decimos lo siguiente:
  1. Rechazamos y condenamos enérgicamente la imposición violenta del mega proyecto Conga y el genocidio desatado contra humildes campesinos y rondas de la región de Cajamarca que en las últimas 24 horas ha cobrado la vida de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez y uno de ellos un joven de apenas 17 años, el cual constituye tres muertos, más de 20 heridos y 15 detenidos. Lo cual constituye una flagrante violación de los derechos humanos.
  1. Exigimos la inmediata libertad del padre Marco Arana quien fue secuestrado, golpeado, vejado, maltratado y conducido violentamente por efectivos de la Policía Nacional mientras el líder social se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, así como la detención de hombres y mujeres inclusive con un niño en la espalda.
  1. Respecto a los sucesos de Celendín del día 3 de julio, rechazamos las imputaciones de personajes y funcionarios del gobierno como Reinaldo Núñez Campos director regional de Salud de Cajamarca, que conjuntamente a varios medios de comunicación pretenden montar una campaña de difamación contra la movilización en defensa del agua y la vida que vienen sosteniendo los hermanos y hermanas cajamarquinos.
  1. Denunciamos que el régimen de Gobierno viene utilizando la figura de “declaratoria del Estado de Emergencia” para legitimar  impunemente la vulneración del Estado de Derecho y segar la vida de las personas en Cajamarca. La suspensión de las garantías constitucionales, sirven  para  justificar detenciones arbitrarias y violentas, el empleo de armamento así mismo se niega el derecho a la legítima defensa legal de las personas.
  1. Por lo tanto exigimos que se respeten los derechos humanos, y se  levante inmediatamente el “estado de emergencia”, que se viene implementando para sitiar a las tres provincias  Celendín, Hualgayoc y Cajamarca que legitima todo abuso de las fuerzas policiales y militarte, por lo que responsabilizamos al Gobierno por las muertes ocasionadas.
  1. El modelo represivo y de criminalización de la protesta social de Ollanta Humala,  ha quitado la vida de 15 hermanos y hermanas, en protestas sociales, mientras los medios de comunicación desde Lima los siguen llamando, así, “muertos” sin nombres y apellidos, y nosotros no nos cansaremos de construir memoria, de recordarlos y de exigir el simple respeto por la dignidad humana.
  1. Planteamos la necesidad de construir un diálogo que incorpore a todos los involucrados en el conflicto, que la empresa minera deje de lado su soberbia y malas prácticas, y que el estado más allá de poner condiciones, trate de escuchar a las diferentes partes y desarrolle capacidad de interlocución directa, sin violencia o represión de por medio.
  1. Nos declaramos enemigos de la violencia, en cualquiera de sus formas, tanto en los enfrentamientos con las fuerzas policiales, como con la imposición de un proyecto minero con “estado de emergencia” y sin consulta a las comunidades. Somos enemigos de la violencia que incitan los medios de comunicación oficiales, que celebran las detenciones, los golpes de la policía, y las lluvias de gases lacrimógenos perpetrados contra indefensos hermanos y hermanas con niños y ancianos.
Alto a la violencia, represión, muerte
No a los estados de emergencia
No al acoso a líderes, legítimos representantes del pueblo
No al uso de armas letales por parte de policías y militares en manifestaciones sociales
No a la criminalización de la protesta
 
Por nuestros caídos
Ni una muerte más
 
Si al agro
Si a la vida
Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana – AIDESEP
Confederación Nacional Agraria – CNA
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería – CONACAMI
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Anadinas y Amazónicas – ONAMIAP
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP
Confederación Campesina del Perú – CCP
PDTG

Declaración de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas

2012-04-13

Declaración de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas
Tejiendo Alianzas por la Defensa de la Madre Tierra
Cartagena de Indias, Colombia
Abril 11 y 12 de 2012
Nosotros, los Gobiernos de los Pueblos, Naciones y Organizaciones Indígenas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y en defensa de la Madre Tierra, caminamos juntos la palabra.
CONSIDERANDO
1. Que el modelo de desarrollo económico implementado por los Estados del continente americano desconoce nuestra realidad y nuestro Desarrollo Propio; omite el reconocimiento del buen vivir, el equilibrio y la armonía de nuestro ser indígena con la Madre Tierra.
2. Que las políticas Estatales de mitigación y reducción de los impactos del cambio climático han resultado ineficaces y han evidenciado su fracaso, promoviendo la mercantilización del ambiente (REDD+, bonos de carbono y economía verde).
3. Que la adopción e implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser un compromiso de los Estados para detener el etnocidio de nuestros pueblos.
4. Que la hoja de coca tiene un carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos.
5. Que se debe garantizar el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos y fortalecer nuestra calidad de Gobiernos Propios en las instancias internacionales.
6. Que los Estados Americanos miden la inequidad social y/o prosperidad de los Pueblos Indígenas a través de indicadores y metas generalizadas y no a través del ejercicio efectivo de nuestros derechos reales sobre los territorios ancestrales. Impidiendo el deber de protegerlos, respetarlos y salvaguardar a la Madre Tierra como sujeto de derechos.
7. Que La integración regional debe consolidarse como un espacio de reconocimiento y respeto por nuestros pueblos, así como la superación de la inequidad social y toda práctica colonialista en las relaciones entre los Estados y entre éstos y los pueblos
DECLARAMOS a los jefes de los Estados de la Región, reunidos los días 14 y 15 de 2012 en el marco de la VI Cumbre de las Américas realizada en Cartagena de Indias, Colombia, lo siguiente:
I.   Frente al modelo de desarrollo económico:
1. Este se ha reducido a la intervención y al despojo ilegítimo de nuestros territorios, así como a la sobreexplotación de los bienes naturales que hemos conservado milenariamente, sometiéndonos inevitablemente al genocidio y al exterminio.
2. Afirmamos que la superación de la inequidad social de nuestros pueblos debe alcanzarse a través de la adopción e implementación de instrumentos jurídicos y políticas públicas que nos protejan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, previniendo  potenciales vulneraciones,  la devastación de nuestro territorio, así como las afectaciones que pongan en peligro nuestra pervivencia física y permanencia cultural.
3. La Integración Regional debe superar la perpetuación de la intervención económica, política y social en nuestros territorios.
II. Frente al cambio climático:
1. Dado el carácter de ser vivo que tiene la madre Tierra, existe la necesidad de implementar nuestros aportes y prácticas milenarias que mitigan y reducen los impactos del fenómeno del cambio climático.
III. Frente a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas
1. Requerimos un compromiso serio y respetuoso por parte de los  Estados dirigido a fortalecer  económica y políticamente el proceso de concertación con las autoridades y organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas de la región, que permita adoptar e implementar en el término de un año este instrumento jurídico y consecuentemente se cumpla con los deberes y obligaciones que por naturaleza le son inherentes a los Estados. Manifestamos nuestra preocupación frente a la decisión de países como Estados Unidos y Canadá de retirarse del proceso de negociación poniendo en riesgo el consenso y los acuerdos logrados en 13 años de negociaciones.
2. Respetar el principio de progresividad de los derechos y abstenerse de incorporar en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas disposiciones regresivas y tener como estándar mínimo para las negociaciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instamos a fomentar el diálogo y no cerrar los canales de comunicación sobre los ejes fundamentales para la protección de los pueblos indígenas.
IV.   Frente al Derecho a la libre determinación y el reconocimiento de Gobiernos Propios de los Pueblos Indígenas.
1. Implementar un espacio de diálogo y articulación permanente y horizontal  dentro de la estructura de la OEA, con el fin de garantizar la consolidación de los principios democráticos dentro de la Organización. Esta instancia debe avanzar en la implementación y seguimiento de las políticas gubernamentales que afecten a los pueblos indígenas, así como evaluar la continuidad de los acuerdos celebrados entre los estados y los indígenas del continente, como también las decisiones tomadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2.  Respaldamos todos los procesos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del convenio 169 de la OIT.
3. Despenalizar el consumo de la hoja de coca en su estado natural por tener carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos.
  1. Que los gobiernos de las Américas contribuyan a la democratización de la palabra y sus estrategias de comunicación propia mediante la apertura y ejecución conjunta con las organizaciones indígenas, verdaderas políticas públicas diferenciales en el tema de la comunicación indígenas. Legitimar el mandato de la Primera Cumbre Continental de Comunicación indígena del Abya Yala, realizado en el Cauca, Colombia, como la hoja de ruta para los planes estratégicos de los pueblos y Estados en el tema de comunicación diferencial.
V.  Frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
1. Instamos a los órganos de protección del Sistema Interamericano (Comisión y Corte Interamericana de derechos Humanos) a proteger los derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de Derechos humanos, en donde deberá primar la protección de los pueblos Indígenas por encima de la ejecución del modelo de desarrollo económico extractivo y de desterritorialización adelantado por los Estados de la región.
2.  Convocamos a los Estados a reconocer y aplicar los mandatos del Sistema Interamericano.
VI.   Frente a los Derechos Humanos:
1. Solicitamos a los Estados que frente a la existencia de cualquier conflicto, primen las soluciones políticas; en ese sentido, instamos al Estado colombiano a generar todas las condiciones en lo que sea de su competencia, a buscar una solución política al conflicto armado que nos aqueja, de lo contrario se perpetuará el exterminio al que actualmente están sometidos nuestros hermanos colombianos.
2. Exigimos respeto de los Estados hacia nuestros territorios y a nosotros mismos, en razón a la campaña de militarización y criminalización a la que nos han sometido en la región.
3. Invitamos a la adopción de una Convención Americana que proteja real y efectivamente el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado. Este instrumento jurídico debe ser respetado por los Estados en consonancia con el carácter de derecho humano del mismo y su contenido inescindible con la existencia de los pueblos indígenas.
4. Las políticas diseñadas para proteger e implementar los derechos de los pueblos indígenas deben construirse de manera concertada y garantizar su enfoque diferencial.
5. Doblegar esfuerzos en la protección de los niños, niñas, mujeres y jóvenes indígenas.
6.   Consolidar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, ratificar nuestra ocupación y posesión ancestral, así como garantizar el goce efectivo del derecho a la propiedad territorial.
Recomendamos:
Apoyamos la demanda marítima de Bolivia e instamos a los Estados involucrados a encontrar soluciones definitivas y a la brevedad posible, en el marco de la integración regional para el buen vivir y la prosperidad del Abya Yala (Américas).
En este marco de integración de los pueblos, específicamente de los indígenas y siendo el año 2012, de reencuentro, de reconciliación, de nuevos tiempos, sugerimos que la República Hermana de Cuba pueda participar desde la próxima Cumbre de las Américas.
Finalmente, mantenemos nuestra disposición de continuar fortaleciendo los procesos democráticos y de diálogo en la región, considerando que mientras los Estados del hemisferio manifiesten su voluntad política y avancen en la construcción de vías discusión, nuestros Gobiernos Propios caminarán hacia la construcción de un Tratado de los Derechos de los Pueblos Indígenas que ratifique nuestros derechos milenarios y fortalezca nuestras alianzas en defensa de la Madre Tierra.
Con el propósito de fortalecer nuestra integración y unidad, adicionalmente decidimos
Constituir el Consejo de las Organizaciones Sociales de los Pueblos del Abya Yala (Américas).
Reproduzido aqui na íntegra por Jacob (J.) Lumier
Veja a publicação original teclando aqui

Problema do Voto Obrigatório e Democracia Eleitoral no Brasil

 

 

Democracia Eleitoral e Participação

Notas por um novo enquadramento do

 Problema do voto obrigatório

 

Por

Jacob J. Lumier([1])

       É tempo de ultrapassar a injustiça da obrigatoriedade do regime de voto, cujas punições pesam indevidamente sobre o eleitor.

►Manifesto aqui, diante da alta relevância da proposição, em seu alcance crítico sobre o legado subordinante na educação brasileira, minha concordância em face da sugestão para agendar, durante esta Cúpula dos Povos na Rio+20, uma sessão sobre Democracia Eleitoral e Participação. É tempo de ultrapassar a injustiça da obrigatoriedade do regime de voto, cujas punições pesam indevidamente sobre o eleitor.

O voto obrigatório é prejudicial porque dá prevalência ao valor cultural da obediência sobre o ideal de aperfeiçoamento da democracia.

Em primeiro lugar, a hegemonia burguesa (acumulação do capital para o capital, ou primado do sistema financeiro sem controle social ([2])) é notadamente um fenômeno cultural. Implica educação em matéria de obediência, é imposta sobre a domesticação das classes subalternas.

O regime do voto obrigatório revela-se um aspecto de hegemonia da classe burguesa, não somente em função do caráter vigilantista sobre as classes subalternas, projetado no desprovido antiabsenteísmo do voto sob ameaça, ou “sob pena de…”, propalado pelos neoliberais, mas, notadamente, em razão da instituição imprópria do valor cultural da obediência, com prevalência sobre o ideal político (aperfeiçoamento da democracia), e isto em detrimento da soberania social exercida nos grandiosos atos coletivos da inesquecível campanha das Diretas Já (1983-1984).

O eleitor brasileiro atual formou-se, e afirmou sua consciência democrática, ao participar na campanha das Diretas já.

Daí, desse imbróglio, decorre a injustiça histórica, posto que, em virtude do objeto enfocado naqueles atos coletivos (integrados em uma corrente global que impulsionou a reconfiguração do mundo político e revitalizou o ideal do aperfeiçoamento coletivo da democracia, para além dos “muros”), a participação nas “Diretas já” aglutinou as diversas classes da sociedade e os variados setores da população não em suas reivindicações particulares, mas, especialmente, unindo-as como sujeitos da democracia eleitoral, sob a condição de eleitores.

Quer dizer, com independência e negando qualquer obediência, o eleitor brasileiro atual formou-se, e afirmou sua consciência democrática com seu posicionamento prévio contrário à obrigatoriedade do voto, demonstrando inegável capacidade política e maturidade cívica.

Em consequência, não há negar, em nossa democracia eleitoral, o caráter abusivo da imposição atual do voto obrigatório, que não passa de um fator restritivo, há muito sem razão de ser, a projetar sua impropriedade sobre a educação nacional.


O regime do voto obrigatório reproduz o sistema cartorial na democracia eleitoral brasileira.

Em segundo lugar, já é tempo de ultrapassar a falsa crença de que a sustentação de um regime democrático incumbe unicamente aos representantes políticos, simples corolário da ideologia dos neoliberais, que, inadvertidamente, reduzem a participação democrática à representação de interesses.

Daí decorre a posição subordinada dos eleitores, a quem, mediante a imposição do voto obrigatório, não é reconhecida função na sustentação de um regime democrático.

Simultaneamente, aplicam o ponto de vista da formação em valores, para situar e compreender o grande número dos eleitores no contexto real das desigualdades sociais, uma vez estabelecida sua ausência de função.

O voto facultativo sem restrições vem a ser pressuposto de toda a ação para levar até o fim a superação do modelo tradicional de educação.

Ou seja, os eleitores devem aprender a votar, devem aprender que o voto é importante para definir a orientação que as políticas públicas deverão adotar, e, para alcançarem o voto facultativo sem restrições, devem ademais demonstrar que são capazes de assumir tal função de orientadores, para a qual se considera necessário certo nível de escolaridade, ainda não alcançado por um grande número de eleitores que, se supõe, dificilmente o alcançarão em um tempo razoável, perpetuando assim o voto obrigatório.

Tornados desta forma eternos aprendizes, e mediante a contínua imposição do voto obrigatório, os eleitores são, então, subordinados à hierarquia dos cartórios eleitorais, perante os quais devem obediência legal.

Por sua vez, a ordem dos cartórios eleitorais adquire caráter educativo, e, por exigirem a obediência a suas disposições, passam os mesmos a valer como se fossem instâncias transmissoras de valores hierárquicos, estabelecendo, nos deveres de comprovação e justificação, as condutas efetivamente reconhecidas na democracia eleitoral brasileira.

►A educação em matéria de obediência, que sustenta a hegemonia burguesa, tem paralelo no modelo da escola tradicional, como instância transmissora de valores hierárquicos, baseada na posição de subordinação dos aprendizes.

Quer dizer, tendo em conta que os valores hierárquicos são regidos pelo princípio de eficácia subordinante dos poderes constituídos, no regime do voto obrigatório, em nível do conjunto dos cartórios eleitorais, se reproduz uma instância transmissora de valores hierárquicos, e aos eleitores, reduzidos ao dever de obediência, corresponde à posição de subordinação.

Desta forma, evidencia a relação de complementaridade entre os dois modelos tradicionais, o da escola e o dos cartórios eleitorais. A mudança do regime para a democracia com o voto facultativo sem restrições vem a ser pressuposto de toda a ação para levar até o fim a superação do modelo tradicional de educação, e vice-versa.

Palavras chave:

Injustiça, educação, eleitor, voto, democracia, participação, crítica da cultura cartorial.

Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2012.

Jacob (J.) Lumier

Membro do Sociologists without Borders Think Tank

***


([1]) Jacob J. Lumier, sociólogo, profesor de educación superior, ensayista y investigador, miembro de Sociologists Without Borders Think Tank (SSF Think Tank).
►El autor ha llevado a cabo desde los años noventa una actividad literaria e intelectual en Internet que promueve la auto-aprendizaje y el aprendizaje a distancia (ODL).

([2]) O movimento pelo controle social do sistema financeiro tem centro na proposta de taxação promovida pela ATTAC- Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens.