El derecho internacional de los derechos humanos

El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.

Más información

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Auxilio nacional e internacional ante el genocidio iniciado contra el pueblo de Cajamarca por parte del Gobierno peruano

2012-07-05

AIDESEP y otras

Ante la imposición por la vía de la fuerza, que hasta el momento ha cobra do la vida de tres hermanos de Cajamarca, perpetrado por el Gobierno de Ollanta Humala, para imponer el mega proyecto Conga  rechazado por el pueblo de Cajamarca, la declaración en “estado de emergencia” y el violento secuestro del ex sacerdote Marco Arana, la persecución de los principales líderes. Las organizaciones indígenas, sociedad civil  y colectivos sociales del Perú abajo firmantes, piden auxilio nacional e internacional de manera URGENTE y decimos lo siguiente:
  1. Rechazamos y condenamos enérgicamente la imposición violenta del mega proyecto Conga y el genocidio desatado contra humildes campesinos y rondas de la región de Cajamarca que en las últimas 24 horas ha cobrado la vida de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez y uno de ellos un joven de apenas 17 años, el cual constituye tres muertos, más de 20 heridos y 15 detenidos. Lo cual constituye una flagrante violación de los derechos humanos.
  1. Exigimos la inmediata libertad del padre Marco Arana quien fue secuestrado, golpeado, vejado, maltratado y conducido violentamente por efectivos de la Policía Nacional mientras el líder social se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, así como la detención de hombres y mujeres inclusive con un niño en la espalda.
  1. Respecto a los sucesos de Celendín del día 3 de julio, rechazamos las imputaciones de personajes y funcionarios del gobierno como Reinaldo Núñez Campos director regional de Salud de Cajamarca, que conjuntamente a varios medios de comunicación pretenden montar una campaña de difamación contra la movilización en defensa del agua y la vida que vienen sosteniendo los hermanos y hermanas cajamarquinos.
  1. Denunciamos que el régimen de Gobierno viene utilizando la figura de “declaratoria del Estado de Emergencia” para legitimar  impunemente la vulneración del Estado de Derecho y segar la vida de las personas en Cajamarca. La suspensión de las garantías constitucionales, sirven  para  justificar detenciones arbitrarias y violentas, el empleo de armamento así mismo se niega el derecho a la legítima defensa legal de las personas.
  1. Por lo tanto exigimos que se respeten los derechos humanos, y se  levante inmediatamente el “estado de emergencia”, que se viene implementando para sitiar a las tres provincias  Celendín, Hualgayoc y Cajamarca que legitima todo abuso de las fuerzas policiales y militarte, por lo que responsabilizamos al Gobierno por las muertes ocasionadas.
  1. El modelo represivo y de criminalización de la protesta social de Ollanta Humala,  ha quitado la vida de 15 hermanos y hermanas, en protestas sociales, mientras los medios de comunicación desde Lima los siguen llamando, así, “muertos” sin nombres y apellidos, y nosotros no nos cansaremos de construir memoria, de recordarlos y de exigir el simple respeto por la dignidad humana.
  1. Planteamos la necesidad de construir un diálogo que incorpore a todos los involucrados en el conflicto, que la empresa minera deje de lado su soberbia y malas prácticas, y que el estado más allá de poner condiciones, trate de escuchar a las diferentes partes y desarrolle capacidad de interlocución directa, sin violencia o represión de por medio.
  1. Nos declaramos enemigos de la violencia, en cualquiera de sus formas, tanto en los enfrentamientos con las fuerzas policiales, como con la imposición de un proyecto minero con “estado de emergencia” y sin consulta a las comunidades. Somos enemigos de la violencia que incitan los medios de comunicación oficiales, que celebran las detenciones, los golpes de la policía, y las lluvias de gases lacrimógenos perpetrados contra indefensos hermanos y hermanas con niños y ancianos.
Alto a la violencia, represión, muerte
No a los estados de emergencia
No al acoso a líderes, legítimos representantes del pueblo
No al uso de armas letales por parte de policías y militares en manifestaciones sociales
No a la criminalización de la protesta
 
Por nuestros caídos
Ni una muerte más
 
Si al agro
Si a la vida
Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana – AIDESEP
Confederación Nacional Agraria – CNA
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería – CONACAMI
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Anadinas y Amazónicas – ONAMIAP
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP
Confederación Campesina del Perú – CCP
PDTG

Declaración de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas

2012-04-13

Declaración de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas
Tejiendo Alianzas por la Defensa de la Madre Tierra
Cartagena de Indias, Colombia
Abril 11 y 12 de 2012
Nosotros, los Gobiernos de los Pueblos, Naciones y Organizaciones Indígenas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y en defensa de la Madre Tierra, caminamos juntos la palabra.
CONSIDERANDO
1. Que el modelo de desarrollo económico implementado por los Estados del continente americano desconoce nuestra realidad y nuestro Desarrollo Propio; omite el reconocimiento del buen vivir, el equilibrio y la armonía de nuestro ser indígena con la Madre Tierra.
2. Que las políticas Estatales de mitigación y reducción de los impactos del cambio climático han resultado ineficaces y han evidenciado su fracaso, promoviendo la mercantilización del ambiente (REDD+, bonos de carbono y economía verde).
3. Que la adopción e implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser un compromiso de los Estados para detener el etnocidio de nuestros pueblos.
4. Que la hoja de coca tiene un carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos.
5. Que se debe garantizar el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos y fortalecer nuestra calidad de Gobiernos Propios en las instancias internacionales.
6. Que los Estados Americanos miden la inequidad social y/o prosperidad de los Pueblos Indígenas a través de indicadores y metas generalizadas y no a través del ejercicio efectivo de nuestros derechos reales sobre los territorios ancestrales. Impidiendo el deber de protegerlos, respetarlos y salvaguardar a la Madre Tierra como sujeto de derechos.
7. Que La integración regional debe consolidarse como un espacio de reconocimiento y respeto por nuestros pueblos, así como la superación de la inequidad social y toda práctica colonialista en las relaciones entre los Estados y entre éstos y los pueblos
DECLARAMOS a los jefes de los Estados de la Región, reunidos los días 14 y 15 de 2012 en el marco de la VI Cumbre de las Américas realizada en Cartagena de Indias, Colombia, lo siguiente:
I.   Frente al modelo de desarrollo económico:
1. Este se ha reducido a la intervención y al despojo ilegítimo de nuestros territorios, así como a la sobreexplotación de los bienes naturales que hemos conservado milenariamente, sometiéndonos inevitablemente al genocidio y al exterminio.
2. Afirmamos que la superación de la inequidad social de nuestros pueblos debe alcanzarse a través de la adopción e implementación de instrumentos jurídicos y políticas públicas que nos protejan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, previniendo  potenciales vulneraciones,  la devastación de nuestro territorio, así como las afectaciones que pongan en peligro nuestra pervivencia física y permanencia cultural.
3. La Integración Regional debe superar la perpetuación de la intervención económica, política y social en nuestros territorios.
II. Frente al cambio climático:
1. Dado el carácter de ser vivo que tiene la madre Tierra, existe la necesidad de implementar nuestros aportes y prácticas milenarias que mitigan y reducen los impactos del fenómeno del cambio climático.
III. Frente a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas
1. Requerimos un compromiso serio y respetuoso por parte de los  Estados dirigido a fortalecer  económica y políticamente el proceso de concertación con las autoridades y organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas de la región, que permita adoptar e implementar en el término de un año este instrumento jurídico y consecuentemente se cumpla con los deberes y obligaciones que por naturaleza le son inherentes a los Estados. Manifestamos nuestra preocupación frente a la decisión de países como Estados Unidos y Canadá de retirarse del proceso de negociación poniendo en riesgo el consenso y los acuerdos logrados en 13 años de negociaciones.
2. Respetar el principio de progresividad de los derechos y abstenerse de incorporar en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas disposiciones regresivas y tener como estándar mínimo para las negociaciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instamos a fomentar el diálogo y no cerrar los canales de comunicación sobre los ejes fundamentales para la protección de los pueblos indígenas.
IV.   Frente al Derecho a la libre determinación y el reconocimiento de Gobiernos Propios de los Pueblos Indígenas.
1. Implementar un espacio de diálogo y articulación permanente y horizontal  dentro de la estructura de la OEA, con el fin de garantizar la consolidación de los principios democráticos dentro de la Organización. Esta instancia debe avanzar en la implementación y seguimiento de las políticas gubernamentales que afecten a los pueblos indígenas, así como evaluar la continuidad de los acuerdos celebrados entre los estados y los indígenas del continente, como también las decisiones tomadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2.  Respaldamos todos los procesos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del convenio 169 de la OIT.
3. Despenalizar el consumo de la hoja de coca en su estado natural por tener carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos.
  1. Que los gobiernos de las Américas contribuyan a la democratización de la palabra y sus estrategias de comunicación propia mediante la apertura y ejecución conjunta con las organizaciones indígenas, verdaderas políticas públicas diferenciales en el tema de la comunicación indígenas. Legitimar el mandato de la Primera Cumbre Continental de Comunicación indígena del Abya Yala, realizado en el Cauca, Colombia, como la hoja de ruta para los planes estratégicos de los pueblos y Estados en el tema de comunicación diferencial.
V.  Frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
1. Instamos a los órganos de protección del Sistema Interamericano (Comisión y Corte Interamericana de derechos Humanos) a proteger los derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de Derechos humanos, en donde deberá primar la protección de los pueblos Indígenas por encima de la ejecución del modelo de desarrollo económico extractivo y de desterritorialización adelantado por los Estados de la región.
2.  Convocamos a los Estados a reconocer y aplicar los mandatos del Sistema Interamericano.
VI.   Frente a los Derechos Humanos:
1. Solicitamos a los Estados que frente a la existencia de cualquier conflicto, primen las soluciones políticas; en ese sentido, instamos al Estado colombiano a generar todas las condiciones en lo que sea de su competencia, a buscar una solución política al conflicto armado que nos aqueja, de lo contrario se perpetuará el exterminio al que actualmente están sometidos nuestros hermanos colombianos.
2. Exigimos respeto de los Estados hacia nuestros territorios y a nosotros mismos, en razón a la campaña de militarización y criminalización a la que nos han sometido en la región.
3. Invitamos a la adopción de una Convención Americana que proteja real y efectivamente el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado. Este instrumento jurídico debe ser respetado por los Estados en consonancia con el carácter de derecho humano del mismo y su contenido inescindible con la existencia de los pueblos indígenas.
4. Las políticas diseñadas para proteger e implementar los derechos de los pueblos indígenas deben construirse de manera concertada y garantizar su enfoque diferencial.
5. Doblegar esfuerzos en la protección de los niños, niñas, mujeres y jóvenes indígenas.
6.   Consolidar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, ratificar nuestra ocupación y posesión ancestral, así como garantizar el goce efectivo del derecho a la propiedad territorial.
Recomendamos:
Apoyamos la demanda marítima de Bolivia e instamos a los Estados involucrados a encontrar soluciones definitivas y a la brevedad posible, en el marco de la integración regional para el buen vivir y la prosperidad del Abya Yala (Américas).
En este marco de integración de los pueblos, específicamente de los indígenas y siendo el año 2012, de reencuentro, de reconciliación, de nuevos tiempos, sugerimos que la República Hermana de Cuba pueda participar desde la próxima Cumbre de las Américas.
Finalmente, mantenemos nuestra disposición de continuar fortaleciendo los procesos democráticos y de diálogo en la región, considerando que mientras los Estados del hemisferio manifiesten su voluntad política y avancen en la construcción de vías discusión, nuestros Gobiernos Propios caminarán hacia la construcción de un Tratado de los Derechos de los Pueblos Indígenas que ratifique nuestros derechos milenarios y fortalezca nuestras alianzas en defensa de la Madre Tierra.
Con el propósito de fortalecer nuestra integración y unidad, adicionalmente decidimos
Constituir el Consejo de las Organizaciones Sociales de los Pueblos del Abya Yala (Américas).
Reproduzido aqui na íntegra por Jacob (J.) Lumier
Veja a publicação original teclando aqui

Discurso Histórico de Obama em 1º de Dezembro 2009

Discurso de Obama sobre su estrategia en Afganistán

Declaraciones del presidente de Estados Unidos en el Eisenhower Hall Theatre, en la Academia Militar estadounidense en West Point

ELPAIS.com – Internacional – 02-12-2009

Barack Obama, presidente de Estados Unidos: Buenas noches. Al Cuerpo de Cadetes de Estados Unidos, a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y a mis compatriotas, me dirijo a ustedes esta noche para hablar acerca de nuestros esfuerzos en Afganistán, la naturaleza de nuestro compromiso allá, el alcance de nuestros intereses y la estrategia que mi gobierno pondrá en marcha para llevar esta guerra a su fin. Es un honor extraordinario para mí hacerlo aquí, en West Point, donde tantos hombres y mujeres se han preparado para proteger nuestra seguridad y representar lo mejor de nuestro país.

Para hablar sobre esos temas importantes, en primer lugar, es importante recordar por qué Estados Unidos y nuestros aliados se vieron obligados a luchar en Afganistán. No buscamos esta guerra. El 11 de septiembre de 2001, 19 hombres secuestraron cuatro aviones y los utilizaron para asesinar a casi 3.000 personas. Atacaron nuestros centros militares y económicos. Arrebataron la vida de hombres, mujeres y niños inocentes sin importarles su credo, raza o condición. Si no hubiera sido por los actos heroicos de los pasajeros a bordo de uno de esos aviones, pudieron haber atacado uno de los grandes símbolos de nuestra democracia en Washington y asesinado a muchos más.

Como sabemos, esos hombres pertenecían a Al Qaeda, un grupo de extremistas que ha distorsionado y profanado el Islam, una de las grandes religiones del mundo, para justificar la matanza de inocentes. La base de operaciones de Al Qaeda estaba en Afganistán, donde eran protegidos por los Talibán, un movimiento radical, represivo e inmisericorde que tomó el control del país después de que fuera arrasado por años de ocupación soviética y guerra civil, y después de que la atención de Estados Unidos y de nuestros aliados se dirigía hacia otros asuntos.

A pocos días del 11 de septiembre, el Congreso autorizó el uso de la fuerza contra Al Qaeda y aquellos que los protegieran, una autorización que sigue vigente hasta el día de hoy. La votación en el Senado fue de 98 a 0. La votación en la Cámara de Representantes fue de 420 a 1. Por primera vez en la historia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte invocó el Artículo 5, el compromiso que estipula que el ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó el uso de las medidas necesarias para responder a los ataques del 11 de septiembre. Estados Unidos, nuestros aliados y el mundo actuaron al unísono para destruir la red terrorista de Al Qaeda y proteger nuestra seguridad común.

Bajo la bandera de esta unidad nacional y legitimidad internacional, y sólo después de que el régimen Talibán rehusara entregar a Osama bin Laden, enviamos a nuestras tropas a Afganistán. En cuestión de meses, Al Qaeda estaba desarticulada, y muchos de sus efectivos habían muerto. El régimen Talibán fue depuesto del poder y forzado a retirarse. Un lugar que durante décadas sólo había conocido el temor ahora tenía razón para albergar la esperanza. En una conferencia organizada por la ONU, se estableció un gobierno provisional encabezado bajo el Presidente Hamid Karzai. Y se estableció una Fuerza de Ayuda para Seguridad Internacional (International Security Assistance Force) con el fin de ayudar a llevar una paz duradera a este país devastado por la guerra.

Luego, a principios del 2003, se tomó la decisión de librar una segunda guerra en Irak. El difícil debate sobre Irak es bien conocido y no necesitamos repetirlo aquí. Basta decir que durante los seis años siguientes, la guerra de Irak absorbió la mayor parte de nuestras tropas, nuestros recursos, nuestra diplomacia y la atención de nuestro país, y que la decisión de entrar en Irak causó divisiones considerables entre Estados Unidos y gran parte del mundo.

Hoy, tras un costo exorbitante, estamos llevando a su fin, de manera responsable, la guerra en Irak. Las brigadas de combate retornarán de Irak a fines del verano próximo y todas nuestras tropas estarán de regreso a fines del 2011. El que estemos logrando esto es evidencia del carácter de los hombres y mujeres de uniforme. Gracias a su valor, determinación y perseverancia, les hemos dado a los iraquíes la oportunidad de forjar su futuro y estamos teniendo éxito en dejarle Irak al pueblo iraquí.

Pero, aunque hemos logrado difíciles avances en Irak, la situación en Afganistán se ha deteriorado. Después de escapar a Pakistán cruzando la frontera en el 2001 y 2002, los líderes de Al Qaeda establecieron un refugio allí. Aunque el pueblo afgano eligió un gobierno legítimo, éste se ha visto aquejado por la corrupción, el narcotráfico, el subdesarrollo de la economía e insuficientes Fuerzas de Seguridad.

En los últimos años, los talibanes y Al Qaeda han hecho causa común, pues ambos procuran derrocar al gobierno afgano. Gradualmente, los talibanes han empezado a controlar varias franjas adicionales de territorio en Afganistán, a la vez que realizan ataques terroristas cada vez más destructivos y atrevidos contra el pueblo paquistaní.

Ahora, durante todo este tiempo, los niveles de tropas en Afganistán fueron una fracción de las de Irak. Cuando asumí la presidencia, teníamos poco más de 32.000 estadounidenses prestando servicios en Afganistán, en comparación con 160.000 en Irak en el punto máximo de la guerra. Los comandantes en Afganistán solicitaron repetidas veces apoyo para contrarrestar el resurgimiento de los talibanes, pero esos refuerzos nunca llegaron. Y por eso, poco después de asumir la presidencia, aprobé una solicitud de tropas adicionales que llevaba pendiente hacía mucho. Después de consultar con nuestros aliados, anuncié luego una estrategia que reconocía la intrínseca conexión de nuestros esfuerzos bélicos en Afganistán y los refugios para extremistas en Pakistán. Establecí el objetivo que se definió específicamente como desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda y a sus aliados extremistas, y prometí coordinar mejor nuestros esfuerzos civiles y militares.

Desde entonces, hemos alcanzado logros en varios objetivos importantes. Líderes extremistas de alto rango de Al Qaeda y de los talibanes han sido eliminados, y hemos aumentado la presión sobre Al Qaeda en todo el mundo. En Pakistán, el Ejército de ese país ha entablado la mayor ofensiva en años. En Afganistán, nosotros y nuestros aliados evitamos que los talibanes impidieran las elecciones presidenciales, y ese proceso electoral, aunque empañado por el fraude, produjo un gobierno conforme a las leyes y constitución de Afganistán.

Sin embargo, quedan enormes desafíos. No hemos perdido Afganistán, pero durante años, ha retrocedido. No hay amenaza inminente de que el gobierno sea depuesto, pero los talibanes han ganado impulso. Al Qaeda no ha resurgido en Afganistán con los mismos números que antes del 11 de septiembre, pero conserva sus refugios a lo largo de la frontera. Y nuestras tropas carecen del pleno respaldo que necesitan para capacitar eficazmente y aliarse con las Fuerzas de Seguridad de Afganistán con el fin de proteger mejor a la población. Nuestro nuevo comandante en Afganistán, el general McChrystal, ha informado que las condiciones de seguridad son peores de lo que anticipaba. En resumen: el status quo es insostenible.

Como cadetes, ustedes se ofrecieron voluntariamente para prestar servicios durante estos tiempos de peligro. Algunos de ustedes lucharon en Afganistán. Algunos de ustedes serán desplegados allá. Como su Comandante en Jefe, mi deber para con ustedes es una misión claramente definida y merecedora de sus servicios. Y es por eso, después de que terminaron las elecciones afganas, insistí en un análisis meticuloso de nuestra estrategia. Ahora, permítanme ser claro: nunca hubo ante mí una opción que solicitara envío de tropas antes del 2010, de modo que no ha habido demoras ni se rechazaron recursos necesarios para las operaciones de guerra durante este periodo de análisis. Al contrario, este análisis me permitió hacer las preguntas difíciles y explorar todas las diferentes opciones junto con mi equipo de seguridad nacional, nuestros líderes civiles y militares en Afganistán, y con nuestros principales aliados. Y considerando lo que está en juego, era lo menos que debía hacer por el pueblo estadounidense y por nuestras tropas.

El análisis ya se realizó. Y como Comandante en Jefe, he decidido que es vital para nuestros intereses nacionales el envío de 30.000 soldados estadounidenses adicionales a Afganistán. Después de 18 meses, nuestras tropas empezarán a regresar a casa. Éstos son los recursos que necesitamos para retomar la iniciativa, a la vez que ampliamos la capacidad de Afganistán para poder permitir una transición responsable de nuestras tropas y salir de Afganistán.


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