El derecho internacional de los derechos humanos

El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.

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CELAC: Experto de la ONU pide ayuda urgente para las economías regionales más débiles

GINEBRA (27 de enero de 2015) – El experto independiente de Naciones Unidas Alfred de Zayas instó hoy a los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a concordar esfuerzos para apoyar a las economías más frágiles de la región.

En vísperas de la tercera cumbre de la CELAC, que tendrá lugar en Costa Rica el  28 y el 29 de enero, el señor de Zayas pidió a los jefes de Estado y de Gobierno regionales que adopten “medidas urgentes para ayudar a las economías más débiles, a liberar los países de deudas externas y de presiones comerciales, económicas y financieras que siempre tienen un impacto negativo en el goce de los derechos humanos.”

“La unidad dentro de la diversidad es necesaria para enfrentar los retos del mundo actual, en particular el cambio climático, las múltiples crisis financieras, el terrorismo, y el delito internacional”, dijo el primer Experto Independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

La tercera cumbre de la CELAC estará enfocada en la lucha contra la pobreza, la inclusión social, la transparencia y la rendición de cuentas. Los mandatarios regionales también analizarán el tema de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el respeto a los derechos humanos de todos los pueblos de la región.

“Como mecanismo de concertación regional, la CELAC debe también ampliar las áreas de cooperación con acuerdos concretos en esferas clave para la población como la educación y la salud,” señaló el Experto Independiente.

Zona de Paz

Tras la segunda cumbre de la CELAC, que se llevó a cabo en La Habana el  28 y el 29 de enero de 2014, el Experto Independiente acogió con beneplácito la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.*

“Durante los últimos años esta región de América Latina se ha consolidado, paso a paso, como Zona de Paz, reafirmándose la defensa de la paz como el principio cardinal de las negociaciones para la solución de conflictos”, observó  el señor de Zayas. “La Declaración de la CELAC constituye un ejemplo a seguir para las otras regiones del mundo.”

El experto en derechos humanos recalcó que la región de la CELAC se mantiene como “la zona de mayor estabilidad en el mundo.”

“El orden internacional necesita ampliar las zonas de paz y adoptar medidas concretas en el plano regional y universal, a fin de garantizar la paz en el mundo, de conformidad con el compromiso adoptado por todos los Estados miembros en la Carta de la ONU”, dijo el Sr. de Zayas.

El Experto Independiente reiteró su llamado a “la adopción de una Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a la Paz, labor que se discute en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.”

(*) CELAC / Zona de Paz: “Un paso clave contra la globalización del militarismo” – Experto de la ONU: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14215&LangID=S

FIN

Para uma Democracia Real no Brasil

Para uma Democracia Real Ícone+legenda SSF_RIOpeqno Brasil
Por Jacob (J.) Lumier

> O silêncio sobre a transformação do regime eleitoral para o voto livre no Brasil tornou-se menos silencioso depois que, em Janeiro 2012, o Chile mostrou aos povos do mundo que a sociedade democrática na América Latina dispõe de capacidade social e potencial histórico para transformar-se e ampliar os próprios limites da participação na democracia. Conta pouco o emparelhamento com Peru e Argentina na preservação do voto obrigatório. A vidraça do Brasil tem visibilidade mundial muito mais nítida devido ao estatus econômico do país, e importantes jornalistas internacionais, dentre os quais Juan Arias, já observaram que, no grupo dos dez países mais ricos do planeta, o atraso do Brasil está muito exposto quando a questão é desenvolvimento político e democracia moderna.

> Recente artigo de EL País Internacional põe em relevo que nos países mais desenvolvidos do mundo, nos mais modernos e nas democracias mais sólidas, o voto político é facultativo. Admitir o voto facultativo é uma das características de uma democracia real e não somente virtual, é o que protege os maiores espaços de liberdade dos cidadãos. “Si Brasil, séptima potencia económica del mundo, con una democracia reconocida por todos donde existe la separación de los tres poderes, sigue entre los 24 países que aún obligan a votar, significa, como mínimo, una clara anomalía democrática.(…) “La ultima vez que la encuesta Datafolha, hace cuatro años, publicó los índices de brasileños que preferirían que el voto fuera facultativo, quedó claro que la gran mayoría (64%) preferían que el voto no fuera obligatorio. Y entre ese 64% figuraban sobre todo los más instruidos y los jóvenes”. – Veja o artigo ¿Por qué en Brasil es obligatorio votar? De las 10 mayores economías del mundo, solo en Brasil es obligatorio acudir a las urnas” link:
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/04/actualidad/1407155206_865981.html

Desvio de finalidade e pensamento persecutório

Quase todos os países que fazem respeitar as leis onde o voto é obrigatório impõem multas. Alguns embaraçam publicamente os eleitores que não votam ou vão até recusar-lhes os serviços e os benefícios de programas governamentais. (Projet Red de conocimientos electorales ACE) http://aceproject.org/main/espanol/es/esc07a.htm?set_language=es

I) As democracias que se aperfeiçoam praticam o voto livre. Podem também proclamar o dever cívico de votar, mas não com penalizações aos que deixam de comparecer.

>Por sua vez, o regime de voto obrigatório com sanções, ou voto forçado, é um obstáculo ao aperfeiçoamento de um regime democrático e deve ser criticado. Os poucos países que o praticam tentam tornar aceitável esse regime persecutório quando tomam por base unicamente a disposição da lei para recusar aos não votantes os serviços e os benefícios de programas governamentais e políticas públicas.

>Acontece que essa disposição coercitiva, mas supostamente formativa, dá lugar a um reservatório de desvios de finalidade na democracia eleitoral. Daí verificarem, em certas repúblicas federativas como o Brasil, nítida extrapolação de competência em relação à lei que estabelece punições aos eleitores faltosos. Ao invés de classificar as sanções com respeito aos direitos civis e políticos protegidos pela Convenção Internacional de 1966 (ICCPR), o regime proibe aos eleitores faltosos praticar qualquer ato para o qual se exija a quitação do serviço militar ou do imposto de renda. Quer dizer, o eleitor faltoso é concebido e tratado como nocivo à segurança do país.

>A lei eleitoral, nesse aspecto das disposições supostamente corretivas, é inteiramente desprovida de visão formativa. O eleitor que não comparece para votar é indevidamente equiparado a um desertor e a um sonegador.

>Ao invés de corretiva e de funcionar como incentivo constringente a votar, prevalece a visão persecutória e punitiva nitidamente prejudicial e hostil aos direitos civis e políticos que o país proclama reconhecer ao firmar as convenções internacionais (ICCPR, 1966).  Aliás, notem que a democracia eleitoral está notavelmente expressada no Art.25 da Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR- 1966), que compreende as eleições como genuínas lá onde é garantida livre expressão da vontade dos eleitores sem restrições irracionáveis de qualquer espécie. Anteriormente, já o Artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos preceituara a votação livre (free voting procedures).

O referido Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi adotado pela Resolução n. 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966. Logo, é um pacto de amplitude mundial. Entrou em vigor em 1976, quando foi atingido o número mínimo de adesões (35 Estados). O Congresso Brasileiro aprovou-o através do Decreto-Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991, depositando a Carta de Adesão na Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas em 24 de janeiro de 1992, entrando em vigor em 24 de abril do mesmo ano. Desde então, o Brasil tornou-se responsável pela implementação e proteção dos direitos fundamentais previstos no Pacto.

Pensamento Persecutório e Disposição Punitiva

II) A lei do voto obrigatório (forçado) no Brasil, por sua vez, recusa aos que não votam muito mais do que os serviços e os benefícios de programas governamentais e políticas públicas, aos limites dos quais, todavia, deveria acoplar seu elenco de sanções, para preservar a especificidade de uma democracia eleitoral.

> Além de cercearem sua cidadania, restringem sua nacionalidade, pois não são unicamente os serviços de programas governamentais que lhes são cerceados aos que não votam, mas os próprios serviços básicos que o Estado presta à cidadania são restringidos.

>Assim, dentre outras, em que pese o projeto no Senado pela diminuição desse elenco de sanções, o indivíduo eleitor não votante é exposto às seguintes penas legais: impedimento para integrar os serviços públicos ou subvencionados; impedimento aos empresários para concorrências públicas; impedimento aos trabalhadores para obter empréstimos ou financiamentos da Caixa Econômica; impedimento aos cidadãos brasileiros para obter passaporte ou carteira de identidade; para renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial; praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda, (cf. Art.7 da lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965).

Desta forma, com essas disposições severas a ameaça-los e cerceá-los nos procedimentos de votação tais como a exigência de justificar ausência, ou comprovar comparecimento em eleições anteriores para ter acesso à cabine de votação, os eleitores votantes são coletivamente tutelados pelos governantes contra a abstenção, pretensamente protegidos contra a sua suposta incapacidade política, a sofrerem injustamente e indevidamente as repudiadas restrições irracionáveis, já condenadas pela mencionada ICCPR (1966).

O argumento de que a livre expressão da vontade dos eleitores está assegurada no interior da cabine de votação é falacioso na medida em que os procedimentos de votação pressupõem como disse as sanções que ameaçam os votantes contra o suposto absenteísmo político: em suma, de uma maneira burocrática (exigência de comprovar comparecimento anterior), o voto na cabine é exercido sob ameaça, sofre prévias exigências de caráter ideológico (exigências anti-absenteístas) que, por essa razão, configuram restrições não razoáveis.

Em face de tal situação que restringe a participação na democracia e proclama os eleitores como incapazes, pergunta-se: será que o compromisso com a sustentação de um regime democrático deve depender exclusivamente do desempenho satisfatório dos representantes?

>Do ponto de vista da Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR, 1966), da qual o Brasil é signatário, deve ser objeto de crítica o pensamento persecutório e a atitude punitiva praticada por autoridade legal que, ao invés de revalorizar os direitos civis e políticos internacionalmente protegidos, como deveria fazê-lo, extrapola sua competência e os rebaixa de seu âmbito, como acontece no país.

>É essa crítica que desafia o estudo sociológico dos eleitores na democracia, que o autor faz ao partilhar a compreensão de que, incluindo os direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos, o respeito da legislação internacional sobre direitos humanos é indispensável para consolidar uma consciência de políticas públicas já constitucionalmente projetada e praticada no país.

Forma republicana e capacidade representacional

A projeção de uma instância especial para outorgar a capacidade representacional aos indivíduos já em posse de seu registro civil, como acontece em um regime eleitoral de voto obrigatório forçado, implica necessariamente uma desqualificação da forma republicana.

Do ponto de vista da cidadania histórica e para além da experiência de obediência que corresponde aos regimes monárquicos, a capacidade representacional não é outorgada por alguma instância “de cima”, mas sim inerente à própria forma republicana de proceder e dela decorre. Vem a ser assumida a partir do registro civil do nascimento, no sentido laicista dessa instância, com a aceitação de um nome individual desprovido de qualquer implicação em uma religião, nome que, ademais, nada significa além do reconhecimento de um sujeito de direitos, uma pessoa humana.

Daí que países como França e Chile, engajados na sustentação coletiva de um regime democrático, e tomando por base o referido registro civil, adotaram e estabeleceram o alistamento ou registro eleitoral automático por idade.

Dessa maneira, ao determinar que o cidadão tenha assegurado o seu registro eleitoral ao completar a justa idade, a autoridade pública daqueles países está cumprindo sua função de garantir o direito de voto, haja vista a preservação da prerrogativa do cidadão em comparecer livremente para votar, sem a imposição de sanções.

Distanciada de tal clarividência, observa-se a projeção de uma instância especial como o controle cartorial anti-absenteísta, que acontece no regime eleitoral de voto obrigatório forçado, cultivado no caso do Brasil.

Especialmente exercido mediante (a) a verificação de comprovações, (b) a aprovação e validação de justificações, (c) a atribuição e aplicação de sanções, (d) a cassação de títulos eleitorais, o controle cartorial anti-absenteísta adquire notoriedade em seu exercício porque funciona como se outorgasse a capacidade representacional aos indivíduos, que em fatos dependem de seu nihil obstat para exercer, por sua vez, o ato de votar.

Sem embargo, acontece uma grave contradição que faz do controle anti-absenteísta um fator de desgaste da confiança nas instituições. É que, ao dispor de todas as permissões para que alguém exerça o ato de votar, o controle cartorial anti-absenteísta simplesmente joga no lixo o fato de que os indivíduos controlados já são sujeitos de direito, já se encontram em posse da capacidade representacional.

Quer dizer, o controle anti-absenteísta se afirma sobre o registro civil, ou melhor: se afirma na medida em que desqualifica e anula o registro civil como forma republicana, tornado este desprovido da dimensão representacional, reduzido a uma fotografia do portador, cujo nome, por sua vez, perde sua dimensão para revelar-se, não o reconhecimento de um sujeito de direitos, como deveria ser por tratar-se de uma instância da República, mas, unicamente, a designação de um personagem contemplado ou não com um salvo-conduto para passar ao gabinete de votação. Tal a anomalia democrática.

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Artigo em pdf: O Ardil do Voto Obrigatório