CELAC: Experto de la ONU pide ayuda urgente para las economías regionales más débiles

GINEBRA (27 de enero de 2015) – El experto independiente de Naciones Unidas Alfred de Zayas instó hoy a los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a concordar esfuerzos para apoyar a las economías más frágiles de la región.

En vísperas de la tercera cumbre de la CELAC, que tendrá lugar en Costa Rica el  28 y el 29 de enero, el señor de Zayas pidió a los jefes de Estado y de Gobierno regionales que adopten “medidas urgentes para ayudar a las economías más débiles, a liberar los países de deudas externas y de presiones comerciales, económicas y financieras que siempre tienen un impacto negativo en el goce de los derechos humanos.”

“La unidad dentro de la diversidad es necesaria para enfrentar los retos del mundo actual, en particular el cambio climático, las múltiples crisis financieras, el terrorismo, y el delito internacional”, dijo el primer Experto Independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

La tercera cumbre de la CELAC estará enfocada en la lucha contra la pobreza, la inclusión social, la transparencia y la rendición de cuentas. Los mandatarios regionales también analizarán el tema de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el respeto a los derechos humanos de todos los pueblos de la región.

“Como mecanismo de concertación regional, la CELAC debe también ampliar las áreas de cooperación con acuerdos concretos en esferas clave para la población como la educación y la salud,” señaló el Experto Independiente.

Zona de Paz

Tras la segunda cumbre de la CELAC, que se llevó a cabo en La Habana el  28 y el 29 de enero de 2014, el Experto Independiente acogió con beneplácito la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.*

“Durante los últimos años esta región de América Latina se ha consolidado, paso a paso, como Zona de Paz, reafirmándose la defensa de la paz como el principio cardinal de las negociaciones para la solución de conflictos”, observó  el señor de Zayas. “La Declaración de la CELAC constituye un ejemplo a seguir para las otras regiones del mundo.”

El experto en derechos humanos recalcó que la región de la CELAC se mantiene como “la zona de mayor estabilidad en el mundo.”

“El orden internacional necesita ampliar las zonas de paz y adoptar medidas concretas en el plano regional y universal, a fin de garantizar la paz en el mundo, de conformidad con el compromiso adoptado por todos los Estados miembros en la Carta de la ONU”, dijo el Sr. de Zayas.

El Experto Independiente reiteró su llamado a “la adopción de una Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a la Paz, labor que se discute en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.”

(*) CELAC / Zona de Paz: “Un paso clave contra la globalización del militarismo” – Experto de la ONU: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14215&LangID=S

FIN

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Los derechos humanos contra el vigilantismo digital

 

“Peligrosa práctica de la vigilancia masiva digital debe ser objeto de controles y contrapesos independientes” – Pillay

GINEBRA (16 de julio de 2014) – El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió el miércoles que los estudios realizados por su oficina y otros han puesto de manifiesto una falta “preocupante” de transparencia sobre las políticas y las prácticas de vigilancia gubernamentales “, incluyendo la coerción de facto de las empresas del sector privado para facilitar el acceso a la información y el barrido de los datos relativos a particulares, sin el conocimiento ni el consentimiento de éstos “. Ícone+legenda SSF_RIOpeq

Esa falta de transparencia está obstaculizando gravemente los esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas de las violaciones de los derechos humanos resultantes. Por otro lado, eso sirve para “hacernos conscientes de que están llevando a cabo tales violaciones a pesar de un marco jurídico internacional claro, que establece las obligaciones de los gobiernos para proteger nuestro derecho a la privacidad y otros derechos humanos relacionados “.

Pillay dijo que su oficina ha estado trabajando durante más de un año en la compleja red de cuestiones relacionadas con el derecho a la vida privada frente a la tecnología digital moderna y las medidas de vigilancia digital. Se ha examinado la legislación nacional e internacional existente, una serie de sentencias judiciales recientes, y compilado información de una amplia variedad de fuentes, entre ellas a través de un cuestionario enviado a los Estados, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas del sector.

Como parte de este proceso en curso, la oficina de Pillay publicó el miércoles (16 de julio) un informe solicitado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2013, que subraya la necesidad de controle y de salvaguardas procedimentales contra los programas de vigilancia gubernamentales.

El informe, titulado “El derecho a la privacidad en la era digital“, advierte que la vigilancia masiva Gubernamental está “se convirtiendo en un hábito peligroso en lugar de una medida excepcional”, y que las prácticas de muchos Estados revelan “la falta de legislación y / o de la ejecución nacional adecuada, la debilidad de las garantías procesales y supervisión ineficaz. ”

“Las plataformas tecnológicas sobre la vida política, económica y social global son cada vez más no sólo vulnerables a la vigilancia masiva”, dice el informe, pero “en realidad pueden facilitarlo.”

“La existencia misma de un programa de vigilancia de masas … crea una injerencia en la vida privada. Recae sobre el Estado el onus de demostrar que tal interferencia no es ni arbitraria ni ilegal “, dijo Pillay, y señaló que el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que” nadie será subyugado a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni sera objeto de ataques ilegales a su honra o a su reputación”. El Pacto es un tratado vinculante ratificado por 167 Estados, también dice que” toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o esos ataques”.

El informe del Alto Comisionado señala que “las normas secretas e interpretaciones secretas de la ley – incluso interpretaciones judiciales secretas – no tienen las cualidades necesarias de” ley “. La naturaleza secreta de los poderes específicos de la vigilancia trae consigo un mayor riesgo de

ejercicio arbitrario de la facultad de apreciación que, a su vez, exige una mayor precisión en la norma que regula el ejercicio del poder discriminatorio, y la supervisión adicional. ”

El informe señala que, si bien que el envolvimiento judiciario puede ayudar a evaluar si tal vigilancia cumple las normas establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos “, la implicación judiciaria en la supervisión no debe ser vista como una panacea. Insta a los Estados a establecer instituciones independientes para monitorear una tal vigilancia .

“En varios países, lo que justifica una revisión judicial de las actividades de vigilancia digital de la inteligencia y / o de los organismos de aplicación de la lei han llevado de manera efectiva a un ejercicio de caucho-stamping”, afirma. “La jurisprudencia en nivel regional ha hecho hincapié en la utilidad de un órgano de supervisión totalmente independiente, en especial para supervisar la ejecución de las medidas de vigilancia aprobados.”

Mientras que las salvaguardias pueden tomar una variedad de formas, el informe señala que la atención se está convirtiendo cada vez más hacia modelos mixtos de supervisión administrativa, judicial y parlamentario. “La implicación de todos los poderes del Estado en la supervisión de los programas de vigilancia, así como de una agencia de supervisión civil independiente, es esencial para asegurar la protección efectiva de la ley”, afirma.

(…)

Más informción
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true

http://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx

La Haut-Commissaire aux droits de l’homme visite le Maroc du 26 au 29 mai 2014

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GENEVE/RABAT (26 mai 2014) – La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Navi Pillay effectuera sa première visite officielle au Maroc en sa qualité de plus haute représentante aux droits de l’homme des Nations Unies, du 26 au 29 mai 2014, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.

A Rabat, Mme Pillay rencontrera Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Premier Ministre, les ministres des affaires étrangères et de la coopération, de la justice et des libertés, de l’Intérieur ainsi que le délégué interministériel aux droits de l’homme. Elle rencontrera également les présidents des deux chambres du Parlement, un certain nombre de femmes juges, l’institution nationale des droits de l’homme, le Conseil économique, social et environnemental, des représentants de la société civile, le Coordonnateur résident des Nations Unies et son équipe ainsi que des membres de la communauté internationale.

A la fin de sa visite, le jeudi 29 mai à 9h00 (heure locale), la Haut-Commissaire tiendra une conférence de presse à l’Hôtel Sofitel de Rabat. La conférence de presse sera ouverte uniquement aux journalistes avec une carte de presse valide.

FIN
Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

Organizaciones Campesinas

Ícone+legenda SSF_RIOpeqMovimientos sociales campesinos en marcha mediante campañas temáticas con propuestas para interpelar en instancias de la CELAC y UNASUR.

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El colectivo del VI Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- VC, dio a conocer en una conferencia de prensa el proceso que se inicia para culminar en abril del 2015 en Bs As Argentina.

Desde el 22 de abril se encuentran reunidos en Bs As, delegados y delegadas de las 5 regiones que conforman la CLOC VC para organizar y lanzar el camino hacia el VI Congreso continental que será presidido por la IV Asamblea de la Juventud y la V Asamblea continental de mujeres. Este hecho histórico para el campesinado se llevara a cabo del 10 al 17 de abril del próximo año.

El VI Congreso será el cierre de un proceso de debates-acciones sobre la política para los próximos 4 años, desde cada organización miembro, en cada comunidad, continuando en instancias nacionales y luego regionales. El mismo tendrá un carácter masivo, esperando la presencia de más de mil delegados, 700 de ellos de las regiones del continente.

Los ejes que se trabajarán serán: Análisis de la coyuntura política y agraria del continente y del mundo; ratificación de nuestro horizonte socialista, definiendo cuales serán nuestros desafíos y las tareas concretas del sector campesino en la coyuntura actual; fortalecimiento de nuestras propuestas en cuanto a reforma agraria popular, soberanía alimentaria, educación, salud, políticas públicas, etc., mediante campañas temáticas con propuestas para interpelar en instancias de la CELAC y UNASUR, entre otros espacios.

“Vendrán aquí la representación de las organizaciones campesinas de mayor peso político del continente, traerán sus luchas de resistencia, procesos y continuidades en la lucha por la tierra y la dignidad para alimentar a los pueblos, con nuestras campañas permanentes contra la criminalización, campañas de solidaridad internacional, contra la Violencia hacia las mujeres y contra los Agrotóxicos”-

 

Conferencia de prensa por el lanzamiento del VI Congreso Continental de la CLOC-VC (video)

 

 

Brasil: Sem terra assassinado e condenados impunes

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Brasil, Noroeste do Paraná

Assassinato do trabalhador sem-terra Sebastião Camargo completa 16 anos e culpados continuam impunes

Caso Sebatião Camargo
Apesar de já terem sido realizados quatro julgamentos e três condenações de envolvidos no crime, as decisões não são definitivas, já que os recursos apresentados ainda não foram julgados. Todos os condenados ainda estão em liberdade.

O dia 7 de fevereiro de 1998 ainda não tinha clareado nos barracos de lona fincados na Fazenda Boa Sorte quando as famílias acampadas ouviram chegar carros e caminhões. Mais de 40 homens armados com escopetas calibre 12, encapuzados e vestidos com camisas pretas desceram dos veículos. Foram lá determinados a despejar ilegalmente as 70 famílias sem terra que ocupavam as terras improdutivas da fazenda Boa Sorte, em Marilena, Noroeste do Paraná.

Neste dia, há 16 anos, foi morto com um tiro na cabeça o agricultor Sebastião Camargo Filho, pai de cinco filhos. O sem terra é uma das vítimas da ação milícias armadas no campo, com graves suspeitas de participação direta da União Democrática Ruralista – UDR, durante governo Jaime Lerner, 1995 a 2002. Outras 16 pessoas foram assassinadas neste período, sendo a maioria dos casos ligados a despejos ilegais em ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST.

Demorou, mas os principais acusados de participação no crime já foram julgados e condenados. Em novembro de 2013 o ruralista Marcos Menezes Prochet, ex-presidente da UDR, recebeu condenação de 15 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado como autor do disparo que vitimou Sebastião Camargo.

Em comparação com outros crimes cometidos contra trabalhadores sem terra, a justiça no caso da morte de Sebastião Camargo já deu alguns passos, mas ainda está longe de se concretizar. Apesar de já terem sido realizados quatro julgamentos e três condenações, as decisões não são definitivas, já que os recursos apresentados pelos advogados de defesas ainda não foram julgados. Todos os condenados ainda estão em liberdade. Em 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA responsabilizou o Estado brasileiro pelo crime. A organização deve novamente se pronunciar sobre o caso neste ano.

Para o advogado popular da Terra de Direitos que acompanha o caso, Fernando Prioste, é fundamental que o Tribunal de Justiça do Paraná julgue com celeridade os recursos e mantenha as decisões condenatórias. Ao longo dos anos de andamento do processo criminal já houve diversas tentativas de adiar e evitar o julgamento, especialmente por parte da defesa de Marcos Prochet.

“O recurso apresentado pelo réu Marcos Menezes Prochet contra da decisão que determinou que ele fosse julgado pelo júri popular foi extraviado por duas vezes enquanto tramitava no Tribunal de Justiça do Paraná. Ainda que os fatos tenham sido denunciados à corregedoria do Tribunal, nenhuma providência satisfatória foi tomada no caso”, afirma Prioste.

A responsabilização penal de envolvidos em crimes contra a vida, inseridos no contexto de luta por direitos, vai para além da restrição da liberdade dos culpados. Na avaliação de Fernando Prioste, efetivar a justiças em casos como o da morte de Sebastião Camargo significa “fortalecer os sujeitos da história no cotidiano da luta, desvelar o papel das instituições e das elites para a sociedade, e evidenciar as contradições deste apenas declarado estado democrático de direito”.

Outros envolvidos

O proprietário da fazenda Boa Sorte à época, Teissin Tina, e o dono da empresa de segurança privada, utilizada para recrutar os jagunços e executar o despejo ilegal, Osnir Sanches, também foram condenados pelo júri popular, em novembro de 2012. O fazendeiro recebeu pena de seis anos de prisão por homicídio simples. Já Sanches foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado.

Augusto Barbosa da Costa, acusado de homicídio doloso no envolvimento no caso, havia sido absolvido pelo júri em fevereiro de 2013, mas em dezembro do mesmo ano o Tribunal de Justiça do Paraná determinou seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri de Curitiba.

O ultimo réu a ser julgado deve ser o ruralista Tarcísio Barbosa de Souza, presidente da Comissão Fundiária da Federação de Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), ligada à Confederação Nacional da Agricultura (CNA). O ruralista é ex-tesoureiro da União Democrática Ruralista (UDR) e ex-vereador em Paranavaí pelo partido Democratas (DEM). A inclusão do integrante da FAEP ocorreu a partir de denúncia do Ministério Público do Paraná somente em julho de 2013, 15 anos após o crime.

Em dezembro de 2013 também foi condenado um dos principais acusados de organizar as milícias armadas no Paraná, o ex-coronel Waldir Copetti Neves. O caso batizado pela Polícia Federal como “Operação Março Branco”, deflagrada em 2005, que desmantelou o esquema de milícias armadas que atuavam em despejos violentos no estado.