El derecho internacional de los derechos humanos

El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.

Más información

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Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 

 11 de abril de 2016

 

 En el presente informe el Alto Comisionado se concentra en ejemplos de prácticas que optimizan el potencial de transformación de la sociedad civil. A este respecto, señala cinco elementos esenciales: un sólido marco jurídico en consonancia con las normas internacionales que salvaguarde las libertades públicas y el acceso efectivo a la justicia; un entorno político favorable a la labor de la sociedad civil; el acceso a la información; cauces para la participación de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones; y apoyo y recursos a largo plazo para la sociedad civil.

 

  1. Introducción

En su resolución 27/31, el Consejo de Derechos Humanos, reconociendo la importancia crucial de recabar la participación activa de la sociedad civil, a todos los niveles, en el fomento de la buena gobernanza, en particular mediante la transparencia y la rendición de cuentas, lo que es indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, prósperas y democráticas, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que hiciese una recopilación de recomendaciones prácticas para la creación y el mantenimiento de un entorno seguro y propicio para la sociedad civil tomando como base las buenas prácticas y las lecciones aprendidas.

 

A tal efecto, el 28 de abril de 2015 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió notas verbales a Estados Miembros, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales, a lo que siguió un recordatorio el 8 de julio de 2015. Se recibió un total de 89 respuestas, que ponían de manifiesto la importancia atribuida a las cuestiones de que trataba la resolución 27/31.

 

El presente informe se hace eco de la información procedente de todas las regiones, sobre la base de las contribuciones recibidas de Estados Miembros, instituciones nacionales de derechos humanos y diversos agentes de la sociedad civil, entre los que cabe mencionar redes internacionales y regionales, medios académicos, organizaciones confesionales, las Naciones Unidas y entidades regionales.

 

En el contexto de un espacio menguante de la sociedad civil a nivel mundial, es importante compartir prácticas que pongan de relieve los beneficios de crear y mantener un entorno propicio para la sociedad civil. En el presente informe el Alto Comisionado se concentra en ejemplos de prácticas dinámicas que optimizan el potencial de transformación de la sociedad civil[i]. El Alto Comisionado señala cinco elementos que son esenciales al respecto: un sólido marco jurídico en consonancia con las normas internacionales y un firme sistema nacional de protección de los derechos humanos que proteja las libertades públicas y el acceso efectivo a la justicia; un entorno político favorable para la labor de la sociedad civil; el acceso a la información; cauces para la participación de la sociedad civil en los procesos de formulación de políticas y de adopción de decisiones; y apoyo y recursos a largo plazo para la sociedad civil.

 

La concesión de espacio a la sociedad civil no es facultativa. El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de respetar los derechos y libertades que son indispensables para que la sociedad civil se desarrolle y funcione, incluidos los derechos a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como el derecho a participar en los asuntos públicos. El derecho internacional también protege las vidas, la libertad, la integridad física y la intimidad de los agentes de la sociedad civil frente a la injerencia arbitraria del Estado.

 

Aun cuando el derecho no lo exigiera, hay razones imperiosas para proteger el espacio de la sociedad civil. Los cauces efectivos para la participación cívica contribuyen a la cohesión social y sirven para que las personas, incluidas las minorías y quienes viven al margen de la sociedad, puedan hacer oír su voz. Además, la sociedad civil desempeña un papel crucial a los efectos de facilitar la participación en la vida pública y puede permitir que las personas contribuyan a la formulación de políticas e incluso a la adopción de decisiones. También hay argumentos convincentes de carácter empresarial y económico en favor de una sólida sociedad civil. Ciertamente el sector empresarial y la sociedad civil tienen un interés común en un entorno que respete los derechos a la libertad de expresión y asociación, sea pluralista y no discriminatorio, defienda el estado de derecho y promueva la transparencia y el acceso a la información.

 

El hecho de permitir que se escuchen diferentes voces, incluso cuando expresan críticas u opiniones impopulares, resulta clave para que rindan cuentas los encargados de adoptar decisiones y para que se garantice que se revisan las políticas, se aprenden lecciones y se efectúan mejoras. Los países en que el espacio de la sociedad civil está protegido obtienen importantes dividendos en cuanto a estabilidad a largo plazo.

 

La participación de una sociedad civil dinámica en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas es indispensable para la protección y la promoción efectivas de esos derechos. Los agentes de la sociedad civil señalan las deficiencias de protección y de otra índole en la arquitectura internacional, alertan a la comunidad internacional de crisis inminentes y promueven el establecimiento de normas y mecanismos nuevos. Su participación enriquece las respuestas del sistema al vincularlas a lo que está ocurriendo a nivel de los países.

 

Con todo, la sociedad civil es atacada en numerosos lugares y con una creciente variedad de armas. Los Estados que pretenden restringir el espacio de la sociedad civil siguen encontrando medios creativos para hacer presión sobre esta última, para lo cual limitan las libertades a través de leyes o recurren a métodos represivos y violentos para silenciar las opiniones que consideran críticas. Esos enfoques se reproducen fácilmente y cada vez más en todas las regiones. La sociedad civil también se enfrenta a amenazas de otros agentes, como los grupos armados no estatales. Hay también un creciente número de denuncias de actos de intimidación y de amenazas perpetrados por el sector privado contra agentes de la sociedad civil, incluidos los activistas que se ocupan del medio ambiente y de los derechos de la tierra. En muchos países, las mujeres que desempeñan la función de agentes de la sociedad civil se enfrentan a reacciones adversas desproporcionadas, basadas en estereotipos discriminatorios y dimanantes de agentes estatales y no estatales que intentan deslegitimizar su labor y aislarlas de sus comunidades.

 

La estrategia temática global del ACNUDH titulada “La ampliación del espacio democrático” constituye el marco para reforzar la labor que se realiza con la sociedad civil, respaldando las actividades encaminadas a ampliar y proteger el espacio de esa sociedad. El ACNUDH hace efectiva esa prioridad a través de más de 500 actividades en la sede y de sus presencias sobre el terreno.

 

El compromiso de la sociedad civil puede considerarse un punto de partida: si hay espacio para que la sociedad civil se comprometa, hay más posibilidades de que se protejan mejor todos los derechos. En caso contrario, el cierre del espacio de la sociedad civil y las amenazas y represalias contra sus activistas constituyen señales de alerta temprana de inestabilidad. A lo largo del tiempo, las políticas que deslegitimizan, aíslan y reprimen a las personas que propugnan enfoques diferentes o reivindican legítimamente sus derechos pueden exacerbar las frustraciones y dar lugar a inestabilidad o incluso a conflictos. (…)

 

Notas

[i] Las medidas para restringir la actividad de la sociedad civil se describen con detalle en diversos informes presentados por expertos independientes de las Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos y en los informes del Secretario General sobre represalias contra personas y grupos de personas por cooperar con las Naciones Unidas.

 

Reproduzido por Jacob (J.) Lumier – (Movimento Internacional dos Direitos Humanos)

 

Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos visitará Colombia

 
GINEBRA (14 de abril 2015) – La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, iniciará el miércoles una visita oficial a Colombia con el fin de dialogar sobre la situación de los derechos humanos en el país con autoridades, defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones a los derechos humanos, representantes de sociedad civil, pueblos étnicos y la comunidad internacional.La Alta Comisionada Adjunta visitará las ciudades de Puerto Asís y Mocoa, en Putumayo;  Popayán, en Cauca. En estas tres primeras ciudades la señora Pansieri se reunirá con representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, organizaciones de mujeres y autoridades locales. En estas visitas la Alta Comisionada Adjunta podrá conocer de primera mano cómo es el ejercicio de los derechos humanos en la vida cotidiana de las comunidades visitadas.

En Bogotá, la señora Pansieri tiene previsto encuentros con la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad,  el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Defensa, el Defensor del Pueblo, el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, la Directora de la Unidad de Víctimas, el Director General de la Policía, el Vice fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Personeros.

Asimismo, sostendrá reuniones con representantes de defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas, con miembros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y otros representantes de sociedad civil. La Alta Comisionada Adjunta también se reunirá con diversos representantes de la comunidad internacional.

Para finalizar su visita a Colombia, la Alta Comisionada Adjunta ofrecerá una rueda de prensa en la cual presentará los resultados de su visita. Esta rueda de prensa tendrá lugar el martes, 21 de abril a las 10:00 hrs en las instalaciones de su Oficina en Bogotá: Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101, Edificio Teleport Business Park, 4ª.

A solicitud del Gobierno, ONU Derechos Humanos se estableció en el país en 1996, con el mandato de observar la situación de los derechos humanos y brindar asistencia técnica.  Desde entonces, el mandato de la Oficina ha sido renovado en varias ocasiones; la última renovación fue en octubre de 2014, fecha en que el Ministro de Relaciones Exteriores solicitó la presencia de la Oficina hasta el 31 de octubre de 2016.

FIN

ONU Derechos Humanos  – Colombia:
http://www.hchr.org.co/

Conozca más sobre la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/DeputyHighCommissioner.aspx

Desestabilização global

Navi Pillay fustige la « paralysie » à propos de la Syrie, alors qu’une nouvelle étude de l’ONU indique que plus de 191 000 personnes ont été tuéesCall for Papers

GENEVE (22 août 2014) – La mise à jour d’une analyse menée par des spécialistes des données statistiques pour le compte du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a permis de compiler une liste de 191 369 cas documentés de personnes tuées en Syrie entre mars 2011 et fin avril 2014, a annoncé vendredi la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Navi Pillay.

 « Avec les décès supplémentaires documentés pour les périodes précédentes et les nouveaux meurtres qui ont eu lieu, le total représente plus du double du nombre établi il y a un an.  Malheureusement, comme l’explique le rapport, il s’agit sans doute d’une sous-estimation du nombre réel de personnes tuées au cours des trois premières années de ce conflit meurtrier », a déclaré Navi Pillay.

« Je regrette profondément qu’avec l’apparition de tant d’autres conflits armés au cours de cette période de déstabilisation globale, les combats en Syrie et leurs conséquences dramatiques sur des millions de civils aient disparu des radars internationaux », a ajouté la Haut-Commissaire.

Cette dernière étude – la troisième d’une série commandée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – a été réalisée en utilisant une liste combinée de 318 910 décès documentés et identifiés de façon complète, avec les noms des victimes ainsi que les dates et les lieux de la mort.

Tous les meurtres signalés mais ne comprenant pas au moins ces trois éléments ont été exclus de la liste, qui a été compilée sur la base d’ensembles de données issus de cinq sources différentes1. Parmi ces cinq sources, trois ont documenté des meurtres tout au long de cette période de trois ans tandis que les deux autres, parmi lesquelles le Gouvernement de Syrie, n’ont couvert qu’une partie de cette période.

Chaque décès signalé a été comparé à tous les autres cas de décès afin d’identifier les doublons. Une fois ces derniers fusionnés, l’ensemble des données combinées a été réduit au chiffre de 191 369 enregistrements uniques de décès liés au conflit à la date du 30 avril 2014.

Les analystes statistiques2 qui ont produit les trois rapports onusiens ont souligné que « ce dénombrement ne correspond pas au nombre total de meurtres liés au conflit ». Le rapport indique que, bien que la possibilité d’un petit nombre de doublons ou de décès signalés par erreur ait été intégrée, il est probable que ce total soit une sous-estimation du nombre réel de décès. Cette conclusion se base sur le fait que 51 953 meurtres signalés ont été exclus de l’analyse car les informations disponibles étaient insuffisantes. Il est aussi très probable qu’un nombre significatif de décès n’aient été documentés par aucune des cinq sources.

Le plus grand nombre de meurtres documentés ont été enregistrés dans le gouvernorat de la périphérie rurale de Damas (39 393), suivi d’Alep (31 932), Homs (28 186), Idlib (20 040), Daraa (18 539) et Hama (14 690).

A ce jour, environ 85,1% des décès documentés sont des hommes (162 925) et 9,3% des femmes (17 795). Comme dans les rapports précédents, l’analyse n’a pas pu établir une distinction entre combattants et non combattants. Les décès de 8 803 mineurs, dont 2 165 enfants de moins de dix ans, ont été rapportés à ce stade mais leur nombre réel est probablement plus élevé, étant donné que l’âge des victimes n’est pas documenté dans 83,8% des cas.

« Il est scandaleux qu’en dépit de leurs énormes souffrances, la situation difficile des blessés, déplacés, détenus et familles de personnes tuées ou disparues n’attire plus guère l’attention », a déclaré Navi Pillay. « Le fait que non seulement cette situation puisse durer si longtemps, sans perspective de fin, mais qu’elle ait aujourd’hui des conséquences si horribles pour des centaines de milliers de personnes par-delà la frontière, dans le nord de l’Iraq, et que les violences s’étendent aussi au Liban, constitue un véritable réquisitoire contre l’époque dans laquelle nous vivons. »

« Les assassins, les destructeurs et les tortionnaires en Syrie et en Iraq ont été encouragés et enhardis par la paralysie internationale », a ajouté la Haut-Commissaire. « Il existe des allégations sérieuses selon lesquelles des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ont été, à maintes reprises, commis en toute impunité. Cependant – et bien que cela devrait être le cas – le Conseil de sécurité n’est pas parvenu à saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie. Il est essentiel que les gouvernements adoptent des mesures sérieuses pour mettre fin aux combats, décourager la commission de crimes et, par-dessus tout, cesser de nourrir cette catastrophe humaine monumentale et parfaitement évitable, par la fourniture d’armes et autre matériel militaire. »

There are serious allegations that war crimes and crimes against humanity have been committed time and time again with total impunity, yet the Security Council has failed to refer the case of Syria to the International Criminal Court, where it clearly belongs. It is essential Governments take serious measures to halt the fighting and deter the crimes, and above all stop fuelling this monumental, and wholly avoidable, human catastrophe through the provision of arms and other military supplies.”

FIN

1 Les cinq bases de données analysées dans ce rapport ont été fournies par le G

Em defesa da população civil na Faixa de Gaza

Pillay condemns continuing attacks on civilians in Gaza

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GENEVA (31 July 2014) – UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay on Thursday strongly condemned the 30 July shelling by Israeli military forces of a UN school in Gaza sheltering people fleeing the violence, as well as other attacks on schools, hospitals, places of worship and vital infrastructure such as Gaza’s only electric power plant.

She underlined the need for “real accountability considering the increasing evidence of war crimes and an ever-growing number of civilian casualties, including some 250 children.”

“Six UN schools have now been hit, including another deadly strike on 24 July that also killed civilians,” Pillay said. “The shelling and bombing of UN schools which have resulted in the killing and maiming of frightened women and children and civilian men, including UN staff, seeking shelter from the conflict are horrific acts and may possibly amount to war crimes,” Pillay said. “If civilians cannot take refuge in UN schools, where can they be safe? They leave their homes to seek safety – and are then subjected to attack in the places they flee to. This is a grotesque situation.”

“Under international law, humanitarian relief personnel and objects used for relief operations – this would include UNRWA schools in Gaza being used as shelters – must be respected and protected,” Pillay said. “An attack against humanitarian relief personnel and objects used exclusively for relief operations, is a violation of international humanitarian law and may amount to a war crime.”

The situation in the Gaza strip has markedly deteriorated in recent days, as Israeli military forces expanded their bombardment and military ground operations. Since the Israeli military operation began on the night of 7 July, more than 2,700 air raids, firing more than 4,000 missiles, have been conducted in addition to artillery and naval bombardment.

As of 4:00 p.m. on Wednesday, more than 1,200 Palestinians had been killed, including at least 850 civilians. More than 250,000 have been displaced, many on multiple occasions, with the shelters overflowing and unable to accommodate terrified new arrivals.

“The numbers don’t begin to adequately tell the tale of the ongoing human tragedy in Gaza,” said Pillay. “What we are witnessing is the killing of entire families, and of children in the street either playing or trying to find safety. Waves and waves of ordinary people continue to flee their homes as the already weak infrastructure in Gaza caves in under the relentless bombardment.”

Pillay expressed alarm at how this crisis has gravely affected civilians in Gaza, including an attack on Beach camp on 28 July, in which 12 children and an elderly man were killed while playing, walking or buying supplies in shops. There were reports of a similar attack in the Shi’jaiya neighbourhood of Gaza yesterday, an area already subjected to intense bombardment, when a marketplace was bombed during a supposed humanitarian ceasefire, with many civilians killed.

“The killing of civilians, including children, as they played or shopped in Beach Camp in Gaza during the end-of-Ramadan Eid, traditionally a time of celebration and happiness, is profoundly disturbing,” the High Commissioner said. “According to initial reports there were no military activities in the area, which begs the question – what possible justification could there be for such an attack?”

Pillay reiterated her condemnation of the indiscriminate firing of rockets into Israel by armed groups in Gaza and emphasized that military assets should not be located in densely populated areas nor should attacks be launched from such areas. More than 3,500 rockets and 800 mortars have been fired by armed groups in Gaza since the beginning of the crisis. Reportedly, three civilians in Israel have been killed so far. “The launching of indiscriminate attacks is a war crime,” Pillay said. In addition, 57 Israeli soldiers have been killed in the course of the hostilities.

She emphasized that issuing warnings to civilians, or any alleged violation of the laws of war by one party, does not excuse either party from their continuing obligations to protect civilians and respect the core principles of distinction, proportionality and precautions in attack.

Pillay cited what a Palestinian child had said to one of her staff in Gaza: “This little 7 year-old boy talked of his dream – and his dream is to have a Palestinian ‘Iron Dome’ protecting him and his family from Israeli attacks, just as the Israelis have their ‘Iron Dome’ system protecting them against rockets attacks from Gaza.

She also condemned the repeated attacks on Gaza’s overburdened hospitals which are packed with people injured and dying as a result of airstrikes and shelling.

“Like any other civilian object, hospitals are prima facie protected from attack,” she said “However, because of their vital importance, international humanitarian law specifically provides for their protection. Under the Fourth Geneva Convention, ‘civilian hospitals… may in no circumstances be the object of attack, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict.’ Intentional attacks on hospitals being exclusively used as hospitals amounts to a war crime.”

Accountability for any violations of international law is essential to end the recurrent cycle of violence. The Commission of Inquiry established by the Human Rights Council at its Special Session on 23 July 2014 will play a key role in addressing accountability issues related to the current hostilities in Gaza. “However, true justice will only be achieved by bringing cases in front of a fair and competent court,” Pillay said. “The international community has a collective responsibility to end this climate of impunity.”

The High Commissioner noted that the 2009 report of the Gaza Fact-Finding Mission* set up by the Human Rights Council provided a contextual, factual and legal analysis, as well as a set of recommendations for follow up, that “remain compellingly relevant in light of what is happening today.”

The report’s recommendations, including regarding referral of the situation to the International Criminal Court, remain relevant in view of the lack of progress in ensuring effective accountability through investigations at the domestic level.

“That accountability and justice is unlikely to be achieved through domestic proceedings is evident in the lack of adequate investigations, to this day, into even the most serious reports of violations contained in the Fact-Finding Mission’s report,” she added. “Instead, a huge orchestrated effort was made to denigrate the report and its authors to the point where its findings are being shamefully ignored.”

“It’s unforgivable that the international community could not find the political resolve to take the practical steps that the report said were essential,” she said. “These were designed to deter future violations, by ending the longstanding impunity that has been such a feature of this situation.”

ENDS

*To read the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session9/Pages/FactFindingMission.aspx

Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en